En riesgo inversiones de empresas por Reforma Judicial

La reforma del Poder Judicial de la Federación con la elección de jueces y magistrados por elección popular, vulnera la división de poderes, debilita la independencia del Poder Judicial y pone en riesgo el derecho a que cualquier persona física o jurídica acceda a la justicia con garantía de igualdad plena, sostuvo Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), al puntualizar que las inversiones de las empresas están en riesgo.

Para el funcionamiento de las empresas, la reforma judicial en los términos que se plantean pone en riesgo la viabilidad de las inversiones y deja en alto grado de vulnerabilidad ante el poder del Ejecutivo, por ejemplo en el ámbito fiscal, “ en el cual ya hoy en día existe un profundo abuso de las facultades de control en el SAT y un mayor grado de dificultad para contar con garantías de imparcialidad en las legítimas controversias jurídicas”, enfatizó en entrevista con Negocio Motor.

El sector automotriz tiene importante contribución a la economía del país, al grado de posicionarlo como el cuarto productor mundial de autopartes, el séptimo de vehículos ligeros, el quinto de automotores pesados. Genera 2.5 millones de empleos en cadena y representa casi el 4 % del PIB.

En cuando al comercio del mercado interno,  se estima la colocación de millón 485 mil 430 automotores  autos como venta anualizada en el 2024, lo que representaría un incremento del  9.1 % con relación al 2023.

Guillermo Rosales  destacó que la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular no resolverá los problemas que actualmente enfrenta el sistema judicial; por el contrario, las posibilidades de control del poder Ejecutivo y de los grupos que ejercen de facto influencia, bien sea por el peso económico o el que se obtiene a través de la fuerza criminal, harán más grave la injusticia.

“Si bien el actual sistema es imperfecto y es necesario retomar para mejorar, la destrucción institucional no es el camino para promover un estado superior de convivencia social”, enfatizó.

En síntesis, la reforma del sistema judicial no resolverá ninguno de los factores que inhiben el acceso a la justicia, harán más vulnerables a los grupos de población económica y socialmente más débiles e inhibirá la inversión, puntualizó.